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Se autoriza la emisión de la estampilla prohospital departamental universitario del Quindío Artículo 8o Colombia


Vigente, con las modificaciones. Última actualización 13/01/2025

Se autoriza la emisión de la estampilla prohospital departamental universitario del Quindío
Artículo 8o.

La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.

AMYLKAR ACOSTA MEDINA

El Presidente del honorable Senado de la República,

PEDRO PUMAREJO VEGA

El Secretario General del honorable Senado de la República,

CARLOS ARDILA BALLESTEROS.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

DIEGO VIVAS TAFUR.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

REPÚBLICA DE COLOMBIA- GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE.

Dada en Armenia, a 15 de mayo de 1998.

ERNESTO SAMPER PIZANO

EDUARDO FERNÁNDEZ DELGADO.

El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del

despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,

JUAN CARLOS GIRALDO VALENCIA.

El Viceministro de Salud, encargado de las funciones del despacho de la Ministra de Salud,



Colombia Art. 8o Se autoriza la emisión de la estampilla prohospital departamental universitario del Quindío, San Juan de Dios
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Según la Ley 675 de 2001, los administradores de propiedad horizontal tienen la responsabilidad de adelantar el debido proceso de imposición de sanciones a los copropietarios, dentro de los límites de sus funciones y de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal. Específicamente, el artículo 50 establece que los administradores responderán por los perjuicios que por dolo, culpa leve o grave, ocasionen a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros. Se presume la culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones sancionatorias, violación de la ley o del reglamento de propiedad horizontal. El debido proceso, el derecho de defensa y contradicción e impugnación son derechos constitucionales que hacen parte de los reglamentos de propiedad horizontal así estos no los mencionen expresamente. Si el administrador ha actuado de manera inapropiada, podría considerarse iniciar un proceso de responsabilidad civil en contra de sus decisiones, ya que los administradores pueden ser responsables por los perjuicios causados por dolo, culpa leve o grave.


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Buenas noches.

Al ingresar un carro al parqueadero de mi casa, desafortunadamente con la parte trasera del carro dañe la parte trasera de una bicicleta que estaba en la via, la bicicleta es de un niño.

El administrador me citó a una reunión para conciliar el arreglo de la bicicleta con los padres del niño. En la reunión el administrador tomo parte a favor de las otras personas y me dijo que yo debía pagar el arreglo total de la bicicleta que era mi responsabilidad y también, asumió que de pronto yo no estaba en buen estado y que en el vídeo se ve que lo hice con intención. Yo refute y llamé la atención al administrador por que no es juez y no hace parte de sus funciones.

El administrador actuó de acuerdo a la ley, como se puede manejar este incidente??


La Inhabilidad prevista en el numeral 5 del art. 150 de la ley 270 de 1996, es intemporal o se debe acudir a disposiciones complementarias para determinar su aplicabilidad en cada caso particular y concreto; por ejemplo al CDU?


Recordemos que para alegar la lesión enorme en la venta de un inmueble, el cálculo del valor del inmueble debe basarse en su avalúo comercial, no en el avalúo catastral. La jurisprudencia colombiana ha establecido que el avalúo catastral solo constituye un indicio lejano del valor del inmueble, y prevalece el avalúo comercial que se obtiene por medio de peritos para establecer el verdadero valor del inmueble en un juicio de rescisión por lesión enorme 


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Conforme a lo señalado en el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, si se necesita probar que un accidente, enfermedad, calamidad doméstica, fuerza mayor o caso fortuito impidió asistir al trabajo y el empleador no acepta dicha justificación, deberá considerarse llevar el caso ante un juez para que se realice una valoración judicial de los hechos.


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