Nombre: ·S E NS O R· Estudio Jurídico de Colombia

Por presionar para abortar a una mujer, pueden imponerse varios tipos de sanciones: Si se amenaza, intimida, manipula o maltrata psicológicamente puede cometerse violencia contra la mujer y daño psicológico. La Ley 1257 de 2008 incluye la intimidación, manipulación, amenaza, humillación y el control de las decisiones personales. Si son pareja, expareja o tienen un hijo en común, puede ser también violencia intrafamiliar. Si la violencia logra causar el aborto, se cometería el delito de aborto sin consentimiento. Si ocurre en el contexto de conflicto armado contra una persona protegida, existe además el delito especial de aborto forzado, con penas mucho mayores. La calificación definitiva depende de si hubo amenazas, convivencia o vínculo familiar, reiteración, afectación psicológica, violencia física y de si el aborto llegó o no a realizarse. Además, sea en el marco del proceso penal o de manera independiente, se puede reclamar los daños morales de la mujer y sus familiares al perder su pariente que estaba por nacer.

La presentación de la demanda no interrumpe por sí sola y de manera indefinida el término de prescripción. Para que la interrupción ocurra desde la presentación de la demanda, el auto admisorio debe notificarse al demandado dentro del año siguiente al día posterior a la notificación de dicho auto al demandante. Si ese plazo se supera, la interrupción solo produce efectos desde la notificación al demandado.

La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho tiene un efecto diferente: suspende el término de prescripción por una sola vez, hasta que se suscriba el acta, se expida la constancia correspondiente o transcurran tres meses , lo que ocurra primero. Por tanto, la conciliación no reinicia el término de prescripción, solo lo detiene temporalmente dentro de los términos de este artículo 56 del estatuto de conciliación o de la prórroga que dice el art 60 de esta misma ley.

para la acción de simulación, no debe contarse el tiempo para no poder demandar desde la fecha formal del contrato simulado, sino también teniendo en cuenta la posición jurídica de quien demanda. Por esto es necesario distinguir entre la acción ejercida por los contratantes y la de los terceros: para los primeros, la obligación de revelar la realidad del contrato simulado inicia desde la celebración del contrato; para los segundos, el término comienza cuando el negocio simulado lesiona concretamente sus derechos y nace así su interés jurídico para atacarlo-

Esto evita aplicar de manera uniforme la fecha del negocio simulado a personas que no participaron en él. Un acreedor o un heredero no puede ser considerado inactivo antes de adquirir interés para cuestionar el contrato, pues antes de ese momento carecería de una afectación concreta que justificara demandar el contrato simulado

La acción de simulación prescribe a los 10 años. Entre los contratantes este tiempo se cuenta desde la celebración del negocio simulado. Pero cuando quien demanda es un tercero afectado, como un acreedor o un heredero, el término no se cuenta desde la celebración del contrato simulado, sino desde el momento en que aparece un interés para alegarlo. En el caso de un heredero, ese momento es la muerte de la persona que realizó el contrato simulado.

El deducible depende de la póliza de cada vehículo y no de quién causó el accidente. Si reclama ante su propia aseguradora, esta aplicará el deducible de su póliza; posteriormente podrá recobrar contra el responsable.Si la aseguradora solo paga una parte por razón del deducible, el saldo no desaparece, debe reclamarse al propietario o conductor responsable.  El deducible del vehículo responsable no elimina la obligación de su conductor o propietario de reparar integralmente el daño.

El art 97 de la Ley 115 del 94 dice que deben prestar el servicio social los quienes esté en educación media, es decir dirante décimo y undécimo y el artículo 6 de la Resolución 4210 de 1996 la regula, indicando igualmente que se presta en esos dos grados, en varias sentencias también se ha reiterado que el servicio es en estos dos grados.

La autonomía escolar permite definir el proyecto, los objetivos, las metodologías y las actividades del servicio dentro del PEI, pero dentro de los límites de la ley. En noveno pueden realizarse actividades formativas, comunitarias o preparatorias relacionadas con el servicio social, pero no deben presentarse como el servicio obligatorio, computarse automáticamente dentro de las 80 horas ni imponerse como requisito equivalente para obtener el título de bachiller. Es decir, la autonomía no implica poder ignorar las órdenes contenidas en una ley, el artículo presente indica los aspectos en los que se puede mover dicha autonomía, lo que implica que esta tiene un marco de acción y no es totalmete libre.  

La mala fe de la persona que posee, no elimina su derecho a reclamar los gastos necesarios que invirtió para la conservación del inmueble. Estos gastos necesarios para mantener el bien, deben diferenciarse de las mejoras útiles: las primeras son indispensables para evitar la pérdida, deterioro o menoscabo sustancial del bien; las segundas aumentan su valor económico. Por eso, aunque al poseedor de mala fe no se le reconozcan mejoras útiles, sí deben reembolsarse las expensas necesarias que estén probadas y que hayan beneficiado al propietario.

La transacción produce efectos, en principio, únicamente entre quienes la celebran y no puede perjudicar ni beneficiar automáticamente a otras personas que no participaron en el acuerdo. En consecuencia, la transacción no permite, por sí sola, extender sus efectos a quienes no la firmaron; frente a estas personas, el problema puede continuar respecto de las obligaciones o derechos no incluidos en el acuerdo.

En obligaciones solidarias, cuando la transacción sustituye la obligación anterior por una nueva, si los codeudores solidarios no hacen parte de la transacción, desaparecería su obligación, esto de conformidad con los artículos 1576, 1704 y 2484 del Código Civil, pues en la transacción nacería una nueva obligación que ellos no habrían firmado. Si el acuerdo únicamente tiene que ver con un pago parcial, sin sustituir la obligación original en su totalidad, los codeudores deben seguir respondiendo por lo que no se haya modificado.

Cuando la transacción se celebra durante un proceso judicial, debe ser presentada ante el juzgado que conoce del asunto, con indicación clara de sus alcances o aportando el documento que la contiene. El juzgado no se limita a registrar mecánicamente el acuerdo en el expediente: debe verificar que se ajuste al problema que atiende en el proceso y debe establecer si comprende la totalidad del conflicto o únicamente una parte de este.

La transacción produce dos efectos que deben distinguirse: frente al problema entre las partes indica cómo queda la relación y en frente al proceso puede conducir a la terminación total o sólo parcial de la demanda. Si solo cubre algunos aspectos o personas, el proceso debe continuar respecto de esas partes que no fueron acordadas, esto debe quedar expresamente delimitado por el juzgado cuando integra la transacción al proceso.

La cosa juzgada derivada de la transacción no recae indistintamente sobre cualquier problema entre las partes, sino únicamente sobre el objeto que fue efectivamente comprendido en el acuerdo. Por ello, para determinar su alcance, deben determinarse claramente el objeto, las pretensiones discutidas, las obligaciones asumidas y las renuncias expresamente pactadas. Si la transacción fue parcial, las materias no comprendidas conservan la posibilidad de ser discutidas en el proceso en curso o en procesos futuros.

La cosa juzgada no se extiende a asuntos diferentes o posteriores que no hayan sido objeto de disposición por los contratantes. La característica de la inmutabilidad de la transacción protege lo pactado, pero no convierte el contrato en una renuncia general frente a derechos, acciones o pretensiones entre las partes.