Nombre: ·S E NS O R· Estudio Jurídico de Colombia

La terminación durante el período de prueba puede efectuarse unilateralmente y sin previo aviso, pero esta posibilidad solo es posible cuando existe un periodo de prueba por escrito y en los términos que dice la ley, es decir: i) que el período haya sido pactado por escrito y ii) que no supere el límite de tiempo legal. Si el pacto es válido y la terminación ocurre dentro del período permitido, el empleador/a no está obligado a explicar una causa concreta ni a demostrar que el trabajador/a era inepto para el cargo.

El límite temporal del período de prueba es de dos meses como máximo, pero en los contratos a término fijo inferiores a un año debe aplicarse también la regla proporcional de la quinta parte del término inicialmente pactado. Es decir, no siempre será válido establecer dos meses: cuando la quinta parte del contrato sea inferior, esta quinta parte será el límite aplicable para el término de prueba. No puede pactarse nuevamente un período de prueba en contratos sucesivos, solo en el primer contrato. Se supone lógicamente que si va a serguir trabajando en lo mismo, ya tuvo un periódo de prueba en el primer contrato y con eso es suficiente, de lo contrario no seguirían contratanto a la persona.

Si el contrato a término fijo se pacta por seis meses, la quinta parte equivale aproximadamente a treinta y seis días; en ese caso, no sería válido establecer un período de prueba de dos meses.

El pacto de período de prueba es solemne, es decir, no basta que las partes hayan acordado verbalmente que el trabajador estaría ?a prueba? o que el empleador/a lo mencione posteriormente en una comunicación de terminación. La estipulación debe constar por escrito desde el inicio de la relación laboral. Si falta este requisito, la relación queda sometida desde el inicio a las leyes del contrato de trabajo normal y la terminación no podrá justificarse únicamente en la existencia de un supuesto período de prueba.La exigencia escrita debe permitir identificar claramente la existencia del período y su duración, cuándo comienza, cuánto tiempo dura o si se respetaron los límites legales.

La fijación de alimentos a cargo de los abuelos debe ser proporcional y puede tener carácter total o complementario a la del papá o mamá que no puede responder por sus propios hijos/as. Si el padre o madre aporta una suma que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas del hijo/a, se debe establecer si existe una verdadera insuficiencia económica y, de ser así, qué proporción le corresponde asumir a los abuelos. La cuota impuesta a los abuelos no es inmodificable: puede ajustarse o extinguirse cuando cambien las necesidades del niño o niña o las condiciones económicas de los padres o madres o de los propios abuelos.

La obligación de pagar alimentos se le debe exigir, en primer lugar, a los padres y madres y solo puede extenderse a los abuelos cuando se demuestre que aquellos no existen, no pueden ser ubicados o carecen de recursos suficientes. El juzgado debe valorar conjuntamente la necesidad concreta del niño o niña, la verdadera capacidad económica de los padres y la capacidad de los abuelos, evitando trasladarles una carga que todavía corresponda al papá o la mamá.

La obligación de dar alimentos que tienen los abuelos, es subsidiaria y excepcional, no automática. Para que proceda, debe acreditarse una de estas situaciones: i) la ausencia del padre o la madre, por fallecimiento, desconocimiento de su paradero o secuestro; o ii) la insuficiencia económica del padre o la madre para atender las necesidades reales de si hijo o hija. Esta insuficiencia no implica simplemente el incumplimiento, sino a una verdaderra imposibilidad económica que comprometa la calidad de los derechos fundamentales del niño o niña

Después de la ley 2460 de 2025 el Consejo Nal de salud Mental quedó integrado así: 1) el ministro de Salud y Protección Social o el viceministro delegado, quien lo preside; 2) el defensor del Pueblo 3) el director de Salud Pública, este hace la secretaría técnica 4) un representante de cada uno de los colegios, consejos o asociaciones profesionales de psiquiatría, psicología, enfermería, trabajo social, medicina, atención prehospitalaria y terapia ocupacional 5) dos representantes de los prestadores de servicios de salud 6) dos representantes de asociaciones de pacientes, familiares o cuidadores de personas con patologías de salud mental 7) un representante de las asociaciones de facultades de ciencias de la salud 8) un representante de las facultades de ciencias sociales 9) un representante de las organizaciones sociales y comunitarias y 10) dos representantes de los consejeros de juventud: uno del Consejo Nacional de Juventud y otro de la Plataforma Nacional de Juventudes.

La cláusula penal tiene la ventaja de que gracias a ella, no es necesario demostrar la cuantía o el monto de dinero concret a pagar como perjuicio, porque las partes ya la fijaron anticipadamente. Sin embargo, que se llegue a pagar, depende de que se demuestre el incumplimiento por una parte y el cumplimiento del contrato por la otra.

La cláusula penal compensatoria opera como una sustitución de la indemnización, derivada del incumplimiento definitivo del contrato. Por esto, quien la vaya a reclamar debe escoger entre exigir la ejecución del contrato o reclamar la cláusula penal. Es decir, no se pueden obtener ambas, pues esto implica un doble pago por el mismo incumplimiento.

En un contrato, por regla general, se entiende que esta es la única finalidad de cláusula penal, es decir, que por regla general, si no se especifica otra cosa, se entiende que es compensatoria.

Sobre el pago de la prestación por muerte, no es obligatorio publicar un tercer aviso. Este art 212 del Cod del Trabajo exige que, antes del pago, se publique un aviso por lo menos dos veces, con una anticipación de 30 días. La norma no establece un tercer aviso cuando otros familiares se presentan después de la segunda publicación.

Entonces, si la familia se presenta después del segundo aviso, pero antes de que se realice el pago, la empresa puede evaluar y reconocer a quienes se acrediten como beneficiarios, sin necesidad de publicar un tercer aviso, siempre que se respete el término de treinta días y no exista controversia sobre quién tiene mejor derecho.