Nombre: ·S E NS O R· Estudio Jurídico de Colombia

La causal séptima de este art permite el levantamiento de la afectación a vivienda familiar por un justo motivo, a petición de un 'tercero perjudicado o defraudado'. Para que un acreedor adquiera la calidad de tercero perjudicado, se requiere que la obligación crediticia haya nacido con anterioridad a la inscripción de la afectación a vivienda familiar. Si el acreedor adquiere la deuda de manera posterior a la afectación a vivienda familiar, se asume que conocía la afectación y, por ende, no hay perjuicio ni defraudación.

Recordemos que los términos prórroga y renovación son muy distintos. La prórroga mantiene el mismo contrato y sus condiciones, mientras que la renovación constituye un nuevo vínculo que puede modificar plazo y precio. El derecho a la renovación surge cuando la persona arrendataria comerciante ha ocupado el inmueble por al menos dos años consecutivos con el mismo establecimiento de comercio; desde ese momento el arrendador debe aceptar que el contrato debe renovársele al arrendatario y sólo podrá terminar el contrato sin tener que pagarle indemnización al arrendatario, por una de las justas causas legales que permite el código de comercio en su art 518, avisando mínimo seis meses si la causa no es el incumplimiento de la persona arrendataria. Además, por tratarse de un derecho irrenunciable y de orden público económico, cualquier cláusula contractual que pretenda desconocer el derecho a renovarse o evadir estas reglas es ineficaz. Así las cosas, no hay que confundir el derecho a que se le renueve el contrato, con el derecho a que no se cambien las condiciones del contrato, pues estas si pueden modificarse en cada nuevo periodo renovado.

El documento a elaborar para constituir una empresa es un documento privado si es para crear una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) o una Empresa Unipersonal, siempre y cuando no se aportar bienes inmuebles. Si se desea otro modelo, como una Sociedad Anónima o Limitada etc. o si se van a aportar bienes raíces a la empresa, se debe elaborar una escritura pública ante notario. En ambos casos, el documento debe inscribirse ante la Cámara de Comercio para que la sociedad nazca legalmente.

La empresa de acueducto, por regla general, no está obligada a pagar la reparación de una fuga en la acometida. Según el art. 2.3.1.3.2.3.17 del Decreto 1077 de 2015, después de vencida la garantía, el costo corresponde a la persona usuaria. La empresa solo debe asumirlo si la acometida aún está en garantía o si el daño fue causado directamente por una actuación, falla u omisión de la propia empresa. Por eso, lo primero es determinar la causa de la fuga y solicitar una revisión técnica. Si no existe garantía ni responsabilidad del prestador, la persona usuaria debe asumir el costo, aunque puede contratar la reparación con la empresa o con un tercero autorizado.

Normalmente para pedir que un juzgado penal escuche un testimonio antes de que llegue el día del juicio, las/os abogados o fiscales tienen que demostrar que es una urgencia extrema y que la prueba se va a perder. Sin embargo, si el caso es por violencia intrafamiliar, la Ley 1959 de 2019 indica que se pueden recoger los testimonios tempranamente sin necesidad de probar urgencias extremas, protegiendo así a las víctimas y a la familia desde el principio. 

Adicionalmente, en general, si se tomó una prueba anticipada, casi siempre el juzgado obliga a que la persona vuelva a declarar el día del juicio. Pero para proteger a quienes sufren violencia intrafamiliar, la ley 1959 indica que no se obligará a repetir el testimonio si eso significa hacer sufrir a la víctima de nuevo (revictimizarla), si hay riesgo de que se la manipule para que cambie su declaración o si depende económicamente de la persona agresora.

En el proceso abreviado en general, la ley permite que la víctima contrate a su propio abogado para que haga el trabajo de la Fiscalía (investigar y acusar), lo cual se llama "conversión a acción privada". Al respecto, la Ley 1959 de 2019, indica que en los casos de violencia intrafamiliar esto está totalmente prohibido. El Estado (la Fiscalía) es la única que puede investigar y no puede delegarle esa potestad a la víctima.

Sobre el delito de violencia intrafamiliar, la ley 1959 de 2019, crea un proceso de investigación rápido para darle mayor celeridad a los casos de maltrato en el hogar y también ordena que se debe juzgar obligatoriamente a la persona por esta vía rápida y no por el proceso ordinario largo, ya que si la persona es inocente, un juicio largo podría afectar el hogar de manera injustificada.

La legalidad de la cuarta prórroga de un contrato a término fijo inferior a un año depende de cómo se realice dicha prórroga. Si es una prórroga automática, la Ley 2466 de 2025 establece que la cuarta debe ser obligatoriamente de mínimo un año, por lo que una prórroga unilateral de solo dos meses sería incorrecta. En cambio, si es una prórroga pactada por escrito y de mutuo acuerdo, las partes pueden acordarla por dos meses; sin embargo, después de esta cuarta prórroga de dos meses, cualquier otra renovación deberá ser por mínimo un año.

Además, dicha ley establece que los contratos a término fijo no pueden superar cuatro años en total; cumplido ese límite, el vínculo se convierte en indefinido. Por ello, lo primero es verificar si el documento recibido es simplemente una notificación de la empresa o un acuerdo que requiere la firma de la personaempleada: en el primer caso podría exigir la prórroga de un año; en el segundo, puede aceptar o negociar los dos meses.

En Colombia el aporte obligatorio a pensión es del 16% del salario: el 75% lo paga la persona empleadora y el 25% la persona trabajadora. Si la empleadora ha descontado del salario más de lo que legalmente le corresponde la empleada, esta tiene derecho a que le devuelvan ese exceso de descuento indebido. Lo primero es reclamar formalmente al empleador el reintegro y solicitar al fondo de pensiones el historia laboral para verificar qué valores fueron efectivamente pagados. Si existen aportes en exceso, se puede solicitar la devolución en efectivo, aplicarlos a pagos anticipados o según el régimen, aplicarlos como cotizaciones voluntarias, compensarlos con deudas.

La Ley 1826 de 2017 creó el procedimiento penal especial abreviado y la Ley 1959 de 2019 lo extendió al delito de violencia intrafamiliar, estableciendo reglas especiales de protección a las víctimas. En este delito la acción penal no puede convertirse de pública a privada, por lo que la Fiscalía debe investigar de oficio (Ley 1959 de 2019, arts. 3 y 4; Ley 906 de 2004, art. 550). Además, para practicar prueba anticipada no es necesario acreditar los requisitos ordinarios de extrema necesidad (Ley 1959 de 2019, art. 3), y esa prueba puede no repetirse en el juicio cuando exista riesgo de revictimización, violencia o manipulación, afectación emocional o dependencia económica. En resumen, se mantiene el procedimiento abreviado, pero la Ley 1959 de 2019 incorpora estas reglas especiales para facilitar la prueba y proteger a las víctimas de la violencia.