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El Congreso de la República de Colombia declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos Artículo 3o Colombia


Vigente, con las modificaciones. Última actualización 19/05/2024

El Congreso de la República de Colombia declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas desplazadas por la violencia
Artículo 3o.

Para garantizar la disminución y la superación de los graves efectos del desplazamiento forzado, el Gobierno Nacional deberá, entre otras acciones:

1. Evaluar el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de las personas desplazadas en concordancia con los indicadores de goce efectivo de derechos ordenados por la honorable Corte Constitucional.

2. Diseñar un plan de acción que contendrá las acciones y recursos necesarios para garantizar el goce efectivo de los derechos de las Personas Desplazadas por la Violencia.

PARÁGRAFO 1o. Para realizar la evaluación y diseñar el plan de acción, el Gobierno Nacional conformará una Mesa de Trabajo que estará integrada por las entidades adscritas al Sistema Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazadas Snaipd y cuya reglamentación será responsabilidad de la Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia; harán parte de esta mesa de trabajo un representante de la academia, un representante de la empresa privada, un representante reconocido de las organizaciones de población desplazada y las demás que a juicio del Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada, por su trayectoria y reconocimiento en la materia, puedan aportar para el cumplimiento de los objetivos consagrados en el presente artículo. En todo caso, se habilitarán consultas con las organizaciones de la población desplazada.

PARÁGRAFO 2o. Para efectos del presente artículo, el Gobierno Nacional tendrá a partir de la vigencia de la presente ley, 6 meses para la presentación de la evaluación, 2 meses más para la presentación del plan de acción y 4 meses adicionales para realizar una audiencia de rendición de cuentas en la cual se presentarán los avances en materia de goce efectivo de los derechos de la población desplazada por la violencia, y en la cual, también se presentarán los avances del plan de acción al que se refiere el presente artículo. La audiencia de rendición de cuentas deberá ser transmitida por radio y televisión y se realizará cada año hasta superar el Estado de Cosas Inconstitucional.

Colombia Art. 3o El Congreso de la República de Colombia declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas desplazadas por la violencia y se dictan otras disposiciones
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Es bueno recordar que por ley se le deben dar alimentos a toda persona mayor de edad que los necesite, a menos que esta persona haya cometido delitos contra quien deba dárselos. Esto es pertinente en casos en los que las madres o los padres maltratadores o que cometieron el delito de inasistencia alimentaria, tras los años, demandan a sus hijos para que les brinden alimentos.


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Es indispensable crear la figura de animales domésticos de compañía, los cuales serían inembargables al hacer parte del núcleo familiar del ser humano y con los que se crea un vínculo sentimental y así prohibir que se imponga como medida cautelar el embargo sobre estos seres vivos.


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Es importante señalar que la Corte Constitucional indicó que el cónyuge no consumidor de sustancias alucinógenas o estupefacientes puede solicitar el divorcio como justa causa, pero no podrá reclamarle como castigo al cónyuge consumidor, el pago de alimentos ni la revocatoria de las donaciones que le haya hecho. Es decir, el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes (salvo prescripción médica), sigue siendo una causal para solicitar la terminación del matrimonio, pero no se considera una razón para sancionar al cónyuge culpable, porque esto implicaría una violación al derecho fundamenta al libre desarrollo de la personalidad.


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La Sentencia C-028 del 2024 eliminó de este artículo la expresión “las autoridades de emigración exigirán copia de la providencia con la constancia de ejecutoria”, ya que no sólo implicaba una carga desigual para las familias con niños y niñas adoptados, sino que significaba un riesgo para la intimidad que desean tener las familia sobre dicho aspecto.


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Recordemos que la ley 721 de 2001 desarrolla este proceso de toma de muestras de ADN para efecto de la determinación de la filiación.


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