Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana sobre Artículo 9o Colombia
Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal
Artículo 9o. Medidas provisionales
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en un artículo 5o (1) y de acuerdo con las disposiciones de este artículo, una de las Partes podrá solicitar a la otra que obtenga una orden con el propósito de realizar un embargo, incautación u otra medida cautelar sobre bienes para asegurar que estos estén disponibles para la ejecución de una orden de decomiso o confiscación.
2. Un requerimiento efectuado en virtud de este artículo deberá incluir:
a) (i) Una copia de la orden de embargo, incautación u otra medida cautelar.
(ii) Una certificación expedida por la Autoridad Central en la que se declare que se ha iniciado una investigación preliminar, o una instrucción ha comenzado, y que en cualquier caso, una decisión ha sido emitida ordenando un embargo, incautación u otras medidas cautelares.
b) Un resumen de los hechos del caso, incluyendo una descripción del hecho punible, dónde y cuándo se cometió y una referencia a las disposiciones legales pertinentes;
c) En la medida de lo posible, una descripción de los bienes respecto de los cuales se solicita el embargo, incautación u otra medida cautelar, y su relación con la persona contra la que se inició o se iniciará un procedimiento judicial;
d) Cuando corresponda, una declaración de la suma que se desea embarga r, incautar o aplicar otra medida cautelar y los fundamentos del cálculo de esa suma;
e) Cuando corresponda, una declaración del tiempo que se estima transcurrirá antes de que el caso sea remitido a juicio y antes de que se pueda dictar sentencia final.
3. La Parte requirente informará a la Parte requerida de cualquier modificación en cálculo de tiempo a que se hace referencia en el apartado (2) (e) anterior y al hacerlo, indicará asimismo la etapa de procedimiento judicial que se haya alcanzado. Cada Parte informará con prontitud a la otra de cualquier apelación o decisión adoptada respecto del embargo, incautación u otras medidas cautelares solicitadas o adoptadas.
4. La Parte Requerida podrá imponer una condición que limite la duración de la medida. La Parte Requerida notificará con prontitud a la Parte requirente cualquier condición de esa índole y los fundamentos de la misma.
5. Cualquier requerimiento se ejecutará únicamente de acuerdo con la legislación interna de la Parte Requerida y, en particular, en observancia de los derechos de cualquier individuo que puede ser afectado por su ejecución.
Colombia Art. 9o Se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, hecho en Santo Domingo, República Dominicana, el veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998) Ley 879 de 2004
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Johanna Pinto
Norman Agudelo
Abogado Jesús Crúz Olivella
En Colombia los documentos se presume que no son falsos, si se afirma lo contrario, toca probarlo. En este sentido, los documentos elecrónicos o en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Un correo electrónico no deja de probar el encargo que se hace, por no tener una firma manuscrita o por haber sido aportado en una copia, en pdf etc. La autenticidad puede determinarse por la certeza sobre la persona que lo elaboró o a quien se atribuye, a partir de sus signos particulares sobre origen y destino digitales o electrónicos y de lo que dice, de lo que hacen o hicieron las partes antes o después de otorgarlo etc
Esto no impide obviamente que se cuestione la autenticidad, integridad o atribución del poder. Sin embargo, tampoco se puede afirmar, como regla general, que la falta de tacha del poder o desconocimiento, nunca produzca consecuencias. La conducta de las partes srive para establecer la autoría; la falta de tacha no equivale por sí sola a una aceptación expresa del poder, cuando se puede determinar que carece de otros elementos confiables de identificación.
Este art 7 de la Ley 527 de 1999 no exige necesariamente una firma manuscrita ni una certificación técnica en todos los casos. Esto que exige significa simplemente, que exista un método confiable y apropiado para identificar quién envía el mensaje y establecer que el contenido cuenta con su aprobación. Ese método puede ser una firma electrónica, una firma digital, un sistema de autenticación, una dirección institucional, mecanismos de trazabilidad o cualquier otra prueba que permita atribuir el mensaje a una persona determinada.
Entonces, que no haya una firma física visible no implica que el correo no sea emitido por la persona. Lo importante es que valorados en su conjunto el encabezado, la cuenta de correo remitente, los metadatos, la conducta en el proceso, las respuestas de las partes y los demás elementos del expediente, el juzgado pueda tener certeza sobre su autoría e integridad.
Si existen varias deudas, el pago debe imputarse inicialmente conforme a la elección efectuada por quien paga, siempre que dicha elección sea jurídicamente admisible. Si quien paga por otro no identifica la obligación, el acreedor puede realizar la imputación en la carta de pago. En ausencia de una imputación expresa de ambas partes, deberán aplicarse las reglas supletivas del artículo 1655 del Código Civil. En consecuencia, el juez debe examinar las circunstancias concretas del pago antes de concluir que el desembolso se dirigió a la obligación ejecutada.
Si en la contestación de una demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, el demandado solicita prosperidad para la excepción previa propuesta, pero no adjunta ni enuncia ninguna, lo que se le evidencia al despacho al descorrer ésta y en espera del pronunciamiento, el despacho puede desatender el escrito de la demandante y decidir irse a sentencia anticipada?
Los mensajes de datos se presumen auténticos, pero esto no equivale a tener por probado automáticamente su contenido, origen, recepción y acceso. La parte contra quien se hacen valer como prueba, puede alegar su autenticidad, integridad o correspondencia con los hechos que se pretenden acreditar. Si existe una impugnación seria, sobre la identidad de las partes que remitieron y recepcionaron el mensaje o la integridad de la conversación, puede ser necesario acudir a otros medios de prueba, como la exhibición del dispositivo electrónico, la exportación completa del chat, información del proveedor o una prueba pericial.
La libertad probatoria permite utilizar diversos medios para demostrar la recepción de la comunicación, pero los mensajes de datos deben ser valorarlos de manera conjunta y conforme a la sana crítica. Por tanto, una captura de pantalla que coincida con otros elementos —por ejemplo, respuestas del destinatario, identificación del número, acuse automático o conducta posterior relacionada con el contenido— puede resultar suficiente mientras no se ponga en duda; en cambio, una imagen aislada, incompleta o sin datos verificables puede ser apenas un indicio y el juzgado podría solicitar más demostración de su autenticidad, pertinencia y utilidad
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