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Código Contencioso Administrativo Artículo 3o Colombia


Vigente, con las modificaciones. Última actualización 19/05/2024

Código Contencioso Administrativo
Artículo 3o. Principios orientadores

<Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera.

En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa.

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados.

El retardo injustificado es causal de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al funcionario.

<Expresión tachada INEXEQUIBLE> En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado.

En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos <sic>.

En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este código y la ley.

En virtud del principio de contradicción, los interesados tendrán oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales.

Estos principios servirán para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento.

Las autoridades deberán observar estrictamente los principios consagrados en este artículo al expedir los reglamentos internos de que tratan los artículos 1o., de la Ley 58 de 1982 y 32 de este código.



Colombia Art. 3o CCA
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Es bueno recordar que por ley se le deben dar alimentos a toda persona mayor de edad que los necesite, a menos que esta persona haya cometido delitos contra quien deba dárselos. Esto es pertinente en casos en los que las madres o los padres maltratadores o que cometieron el delito de inasistencia alimentaria, tras los años, demandan a sus hijos para que les brinden alimentos.


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Es indispensable crear la figura de animales domésticos de compañía, los cuales serían inembargables al hacer parte del núcleo familiar del ser humano y con los que se crea un vínculo sentimental y así prohibir que se imponga como medida cautelar el embargo sobre estos seres vivos.


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Es importante señalar que la Corte Constitucional indicó que el cónyuge no consumidor de sustancias alucinógenas o estupefacientes puede solicitar el divorcio como justa causa, pero no podrá reclamarle como castigo al cónyuge consumidor, el pago de alimentos ni la revocatoria de las donaciones que le haya hecho. Es decir, el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes (salvo prescripción médica), sigue siendo una causal para solicitar la terminación del matrimonio, pero no se considera una razón para sancionar al cónyuge culpable, porque esto implicaría una violación al derecho fundamenta al libre desarrollo de la personalidad.


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La Sentencia C-028 del 2024 eliminó de este artículo la expresión “las autoridades de emigración exigirán copia de la providencia con la constancia de ejecutoria”, ya que no sólo implicaba una carga desigual para las familias con niños y niñas adoptados, sino que significaba un riesgo para la intimidad que desean tener las familia sobre dicho aspecto.


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Recordemos que la ley 721 de 2001 desarrolla este proceso de toma de muestras de ADN para efecto de la determinación de la filiación.


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