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CPACA Artículo 271 Colombia


Vigente, con las modificaciones. Última actualización 17/02/2024

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación

Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse de oficio; por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia. 

 

En estos casos, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias y autos de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de sus secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias y autos de unificación en esos mismos eventos, en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación, de los despachos de los magistrados que las integran, o de los tribunales, según el caso. Las decisiones que pretendan unificar o sentar jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a todas las secciones del Consejo de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. 

 

Para asumir el trámite a solicitud de parte o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la petición deberá formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo. Si la petición proviene de un consejero de Estado, del tribunal administrativo, o del Ministerio Público, esta podrá formularse sin la limitación temporal anterior. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá solicitarlo cuando previamente haya intervenido o se haya hecho parte dentro del proceso. 

 

La petición contendrá una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación. 

 

La petición que se formule para que el Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso no suspenderá su trámite, salvo que el Consejo de Estado adopte dicha decisión. 

 

La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos. 

 

Parágrafo. El Consejo de Estado implementará un mecanismo electrónico de  fácil acceso que permita comunicar y alertar a sus integrantes y a la ciudadanía  en general respecto de aquellas materias o temas que estén en trámite en la  Corporación, y que por su importancia jurídica, trascendencia económica o  social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o  resolver las divergencias en su interpretación y aplicación, puedan ser  propuestos para ser asumidos de oficio por la Sala Plena de lo Contencioso  Administrativo, para los fines previstos en este artículo. 

 

Este mecanismo también permitirá que los juzgados y tribunales del país informen sobre procesos en trámite en los respectivos distritos judiciales, que por tener circunstancias similares, puedan ser asumidos por el Consejo de Estado para los fines de este artículo. Así mismo, servirá para advertir las divergencias en la interpretación o aplicación de las sentencias y autos de unificación por parte del Consejo de Estado.



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Según lo que indica este art 1096 del cod de comercio, para que la subrogación resulte procedente, debe probarse que el tercero tuvo la responsabilidad del accidente. Es decir, no sólo se debe demostrar que hubo un daño, sino que la aseguradora debe demostrar que el tercero cometió una acción u omisión que causó ese daño. Muchas veces se hacen intentos de recobro por parte de las aseguradoras sin mostrar por lo menos lo que le pago al asegurado y si estas se le muestran al tercero a quien se le hace el recobro, este debe analizar si efectivamente fue el culpable de dicho accidente, pues pudo haber ocurrido una fuerza mayor o ser culpa de la víctima, es decir del asegurado. Si el tercero no tuvo la culpa, obviamente no debe pagarle nada a la aseguradora.


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cuales son los requisito para vincular a un menor de edad a la seguridad social


Muy buenas tardes, ¿Cómo se coteja el artículo 40 del CPACA y el Art. 47 del mismo código en relación con la oportunidad probatoria, toda vez que en éste último artículo se establece un plazo perentorio de quince (15) días, una vez que se le ha notificado el pliego de cargos, para aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer?. En Artículo 40 del CPACA, se establece que durante la actuación administrativa, y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos.  Además, el artículo 40 en estudio establece que el interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes que se dicte una decisión de fondo.  


Si no hay acuerdo económico de cuota de alimentos entre los padres divorciados la madre puede prohibirle al padre ver a su hija ? Aolo por qué no cumple un acuerdo voluntario económico por variación de ingresos


Sobre o mencionado en este art 411 de cod civil, recordemos que según los arts 251 y 252 de este mismo código existe la obligación de los hijos de cuidar del padre y de la madre cuando estos se encuentren en condiciones especiales de necesidad, estado de demencia, ancianidad o en cualquier circunstancia en la que requieran de ayuda. Dicha obligación se extiende a los demás ascendientes que estén en estas circunstancias, es decir abuelos, tíos sin hijos ni padres vivos, bisabuelos etc


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