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Se establece la estructura orgánica e interna del Consejo Nacional Electoral Artículo 16 Colombia


Vigente, con las modificaciones. Última actualización 26/10/2026

Se establece la estructura orgánica e interna del Consejo Nacional Electoral
Artículo 16. Dirección de vigilancia e inspección electoral

Son funciones de la Dirección de Vigilancia e Inspección Electoral, las siguientes:

1. Formular y proponer a la Sala Plena, el Plan de Vigilancia e Inspección Electoral y las estrategias para su ejecución.

2. Proponer a la Sala Plena proyectos de reglamentación de vigilancia e inspección electoral, a partir del tratamiento y análisis de la información proveniente del comportamiento de las variables electorales y no electorales descritas en la normativa vigente.

3. Proponer a la Sala Plena proyectos de reglamentación de vigilancia e inspección a las firmas encuestadoras y a los sondeos de opinión política en conformidad con la normativa vigente.

4. Adoptar los lineamientos para la garantía y protección de los derechos consagrados en el Estatuto de la Oposición, así como las medidas de vigilancia e inspección necesarias.

5. Establecer los lineamientos que permitan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las minorías, comunidades étnicas, género, personas en condiciones de discapacidad, y demás sujetos de especial protección constitucional.

6. Administrar el Registro Único de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas y el Registro de Firmas Encuestadoras, a fin de proveer a la ciudadanía y las demás partes interesadas, de información oportuna relacionada con su gestión y el cumplimiento de la normativa vigente.

7. Elaborar y proponer a la Sala Plena, la conformación y reglamentación de funcionamiento de los Tribunales de Garantías y Vigilancia Electoral descritas en la normativa vigente.

8. Supervisar el cumplimiento de las funciones atribuidas a los Tribunales de Garantías y Vigilancia Electoral que se constituyan para atender el proceso electoral.

9. Presentar a la Sala Plena los análisis de resultados de la gestión de los Tribunales de Garantías y Vigilancia Electoral.

10. Elaborar y proponer a la Sala Plena la conformación de la lista de los delegados del Consejo Nacional Electoral para el escrutinio general, realizar el seguimiento al cumplimiento de las funciones establecidas en la normativa vigente, y presentar los informes de gestión a que haya lugar.

11. Elaborar y proponer a la Sala Plena la reglamentación sobre el reconocimiento, la acreditación y el funcionamiento de las Organizaciones de Observación Electoral.

12. Elaborar e informar a la Sala Plena las actuaciones preventivas de inspección en relación con los deberes y obligaciones de los diferentes actores electorales, partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, representantes legales y candidatos, descritos en la reglamentación vigente.

13. Recomendar a la Sala Plena estrategias para promover la cultura democrática, la participación política, la confianza ciudadana y el reconocimiento institucional en el marco del Sistema Político y Electoral Colombiano.

14. Liderar la Gestión del Conocimiento Electoral, a partir de la identificación, selección, organización, almacenamiento, acceso y uso de la información del comportamiento de las variables electorales y no electorales descritas en la normativa vigente.

15. Emitir los lineamientos y criterios para la recolección y consolidación de la información que se requiera para el cumplimiento de las funciones del Consejo, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información, a partir de las variables electorales y no electorales descritas en la normativa vigente.

16. Coordinar con la Oficina de Tecnologías de la Información, las políticas de custodia y seguridad de la información de las variables electorales y no electorales.

17. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

Colombia Art. 16 Se establece la estructura orgánica e interna del Consejo Nacional Electoral Decreto ley 2085 de 2019
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La transacción produce efectos, en principio, únicamente entre quienes la celebran y no puede perjudicar ni beneficiar automáticamente a otras personas que no participaron en el acuerdo. En consecuencia, la transacción no permite, por sí sola, extender sus efectos a quienes no la firmaron; frente a estas personas, el problema puede continuar respecto de las obligaciones o derechos no incluidos en el acuerdo.

En obligaciones solidarias, cuando la transacción sustituye la obligación anterior por una nueva, si los codeudores solidarios no hacen parte de la transacción, desaparecería su obligación, esto de conformidad con los artículos 1576, 1704 y 2484 del Código Civil, pues en la transacción nacería una nueva obligación que ellos no habrían firmado. Si el acuerdo únicamente tiene que ver con un pago parcial, sin sustituir la obligación original en su totalidad, los codeudores deben seguir respondiendo por lo que no se haya modificado.



Los cánones de arrendamiento, precios, pensiones e intereses de capitales exigibles tienen la naturaleza jurídica de frutos civiles. Por tanto, los rendimientos económicos que produzca un inmueble perteneciente a la comunidad de persona que heredan a una persona fallecida, pueden ser considerados frutos civiles cuando exista una explotación económica del bien por uno o alguno de estas persona, sin que ello implique que constituyan un activo autónomo e independiente del inmueble que los genera.

Esto resulta relevante para diferenciar entre por un lado, el bien que dejó la persona fallecida, que debe ser relacionado en el inventario, y por el otro, los rendimientos que se produzcan después de la muerte. Los frutos civiles posteriores al fallecimiento no integran la masa sucesoral como una partida separada, pues tienen carácter accesorio respecto del bien principal.



me impide hacer tramite en la secretaria de transito?


El art 97 de la Ley 115 del 94 dice que deben prestar el servicio social los quienes esté en educación media, es decir dirante décimo y undécimo y el artículo 6 de la Resolución 4210 de 1996 la regula, indicando igualmente que se presta en esos dos grados, en varias sentencias también se ha reiterado que el servicio es en estos dos grados.

La autonomía escolar permite definir el proyecto, los objetivos, las metodologías y las actividades del servicio dentro del PEI, pero dentro de los límites de la ley. En noveno pueden realizarse actividades formativas, comunitarias o preparatorias relacionadas con el servicio social, pero no deben presentarse como el servicio obligatorio, computarse automáticamente dentro de las 80 horas ni imponerse como requisito equivalente para obtener el título de bachiller. Es decir, la autonomía no implica poder ignorar las órdenes contenidas en una ley, el artículo presente indica los aspectos en los que se puede mover dicha autonomía, lo que implica que esta tiene un marco de acción y no es totalmete libre. 




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