Nombre: ·S E NS O R· Estudio Jurídico de Colombia

Recordemos que cumplir un horario, presentar informes, atender instrucciones operativas, someterse a controles de seguridad o participar en actividades de supervisión no configura por sí sola la subordinación propia del contrato de trabajo, cuando dichas medidas responden a la coordinación necesaria para ejecutar el objeto de un contrato civil, comercial o estatal de prestación de servicios y el contratista conserva autonomía e independencia técnica, administrativa y organizativa. La subordinación laboral solo se configura cuando, valorado el conjunto de las circunstancias, se acredita que se ejerce de manera continuada la facultad de imponer órdenes sobre el modo, tiempo o cantidad de trabajo de la persona contratada, es decir, se le ordena directamente la actividad se le imponen reglamentos.

El cumplimiento de un horario puede ser un indicio de subordinación, pero no constituye una prueba concluyente por sí misma. La valoración debe realizarse en cada caso concreto y conforme al principio de primacía de la realidad. Además, si se demuestra la prestación personal del servicio, opera la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, de modo que corresponde ala persona contratante demostrar que la actividad fue ejecutada con verdadera autonomía e independencia. 

La parte que solicite una prueba debe explicar de manera concreta su relación directa o indirecta con los hechos jurídicamente relevantes, sus consecuencias, la identidad o responsabilidad del acusado, o la credibilidad de un testigo o perito. El testigo experto debe haber percibido personalmente los hechos y solo puede brindar explicaciones técnicas vinculadas con esa percepción; el perito, en cambio, analiza documentos, evidencias u otras fuentes sin conocimiento directo de los hechos y debe ser solicitado conforme a las reglas de la prueba pericial. El testigo de acreditación se limita a autenticar o introducir documentos, objetos u otros elementos probatorios, sin que pueda utilizarse para emitir opiniones técnicas o jurídicas sobre el fondo del litigio. En consecuencia, deben rechazarse las solicitudes impertinentes, repetitivas, deficientemente sustentadas o encaminadas a que un declarante sustituya el criterio del juzgado, en la resolución de cuestiones jurídicas propias del proceso.

Para demostrar la pertinencia, la parte solicitante debe indicar qué hecho pretende demostrar, cuál es la relación de ese hecho con la acusación o la teoría del caso y por qué ese medio o prueba puede contribuir a su esclarecimiento. La conducencia y la utilidad tienen un análisis diferente, pero la falta de pertinencia o la indebida clasificación del declarante pueden justificar la negativa de la prueba. La prueba pericial, además, requiere una base de opinión y la acreditación de los conocimientos, métodos y fundamentos técnicos del experto.

Este delito se comete por el maltrato psicológico contra un niño, niña o adolescente. Insultos, humillaciones, amenazas, desvalorización, rechazo o cualquier conducta reiterada que provoque dolor emocional, angustia, miedo o sufrimiento y afecte su dignidad, seguridad emocional o desarrollo integral, sin que sea necesaria una agresión física, un trastorno psicológico clínicamente diagnosticado o una prueba técnica de credibilidad. La falta de convivencia bajo el mismo techo no excluye por sí sola la configuración del delito, pues no obstante no vivir juntos, subsisten los deberes familiares de respeto, protección y cuidado. La responsabilidad penal puede demostrarse mediante el testimonio del menor cuando sea coherente, persistente y se encuentre corroborado por otros elementos probatorios, valorados conjuntamente.

Cuando la madre o padre que no tiene bajo su cuidado al niño o niña, resida en una ciudad país diferente por razones laborales, el juez puede aprobar un régimen mixto de comunicación y visitas que combine medios virtuales de contacto frecuente con encuentros presenciales periódicos, incluidos períodos durante los recesos escolares, siempre que la medida consulte el interés superior del niño o niña, preserve su desarrollo integral y no interfiera con sus obligaciones académicas. La distancia geográfica no elimina el deber de mantener una relación personal, afectiva y directa entre el padre/madre y su hijo/a.

Que exista un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, como el alzheimer, no elimina por si sola la presunción de capacidad legal y mucho menos autoriza la imposición judicial de apoyos con representación. Si la persona padece un situación de salud así, pero gracias a sus medicamentos o tratamiento en general, conserva la aptitud de manifestar su voluntad, debe primar su autonomía personal sobre los reparos económicos formulados por el núcleo familiar.

La acción cambiaria puede ejercerse extrajudicialmente, mediante la presentación de la letra vencida y el requerimiento de pago a la persona deudora. Que el Código de Comercio la denomine como una acción, no significa que solo pueda ejercerse judicialmente.

Sobre las causas de la indignidad sucesoral, recordemos que se puede demostrar que estas fueron perdonadas por las demostraciones de convivencia armónica y afecto entre el causante y su heredero/a, en un momento posterior. Es decir, el perdón manifestado a través de estas demostraciones de reparación de la relación, acaban con los conflictos del pasado y así, se revalida el derecho a heredar.

Recordemos que la ley exige que el juzgado practique personalmente la inspección judicial, es decir, no se puede realizar virtualmente. No es legal que se realice de manera remota. Hacerlo de manera virtual constituye una omisión de una prueba obligatoria, lo que puede derivar en una nulidad procesal.

Recordemos que la persona poseedora de mala fe debe restituir los frutos naturales y civiles que haya percibido, e incluso aquellos que el propietario hubiera podido obtener con mediana inteligencia y actividad. Sin embargo, al momento de liquidar esa obligación, se le deben reconocer a la persona poseedora de mala fe, los gastos en que incurrió para producir dichos frutos, pues lo contrario implicaría un enriquecimiento sin justa causa en favor del propietario,

Las obligaciones que no consten en título ejecutivo o que no sean aceptadas expresamente por las partes, deben someterse al trámite de objeciones y pruebas previsto en este artículo 501 del Cód General del Proceso