Nombre: Abogados Colombia - Universidad Nacional

Sobre lo que indica el parágrafo de este art 487 del cod general del proceso, es bueno aclarar que las reglas que son aplicables para estos casos y que no están acá expresamente regulados, son las relativas a las de la sucesión por causa de muerte normal, pues la repartición de los bienes en vida entre los herederos, se asimila a la sucesión, ya que el objetivo es el mismo, repartir los bienes de acuerdo a la ley y a la voluntad del causante, pero con la única diferencia de que se hace antes de antes de morir. Así las cosas, aunque el mismo artículo indica al final que la repartición en vida es distinta a un proceso de sucesión, las normas que lo complementan en caso de duda, son las del proceso de sucesión.

Sobre este art 2526 del cod civil es bueno indicar que la Corte Suprema de Justicia hace décadas ha dicho que lo señalado en este art va en contra de los principios de la prescripción. Se puede decir que este artículo realmente nunca ha sido aplicado, pues en Colombia siempre se ha otorgado la titularidad como efecto de la posesión, así sobre los bienes a prescribir existan títulos inscritos. La posesión es un hecho que se hace respetar por encima de un derecho inscrito, eso en resumen es la prescripción adquisitiva. Así las cosas, en Colombia es únicamente la posesión material la que se tiene en cuenta para dichos procesos.

Sobre la renuncia a los gananciales es bueno aclarar que no se puede hacer únicamente sobre una parte del patrimonio que los compone, se debe hacer sobre la totalidad de los gananciales. Es decir, por ejemplo, si tenemos dos casas con mi pareja, no puedo renunciar a lo que ganamos por uno de los inmuebles y aceptar lo que ganamos por otro.

Ante varias consultas que nos llegan sobre este artículo 292 del cod de procedimiento penal y sobre la prescripción de la acción penal en general, es bueno tener claro que para saber cuál es el tiempo de prescripción antes de que se haga la audiencia de imputación, el cálculo se debe hacer con base en el máximo de la pena fijada en la ley para cada delito. Una vez realizada la audiencia de imputación, el tiempo para que prescriba la acción penal se calcula con base en la mitad de la máxima pena fijada para cada delito, pero si dicho término es menor a tres años, no aplicará, sino que se deberá esperar tres años o en otras palabras, el tiempo mínimo que se debe esperar para que prescriba la acción penal después de la audiencia de imputación, es de tres años, si la mitad de la pena máxima del delito da menos de tres años (si la mitad de la pena del delito da más de tres años, eso es o que toca esperar para que prescriba la acción penal).

De las sentencias extranjeras que cada vez más se solicita exequátur son las de divorcios. Es importante señalar al respecto que dichas sentencias no tendrán efectos cuando dispongan sobre bienes ubicados en Colombia. Esto quiere decir que el divorcio se deberá adelantar en el país en el que se contrajo el matrimonio, pero la liquidación de la sociedad conyugal, en lo que tiene que ver con los bienes ubicados en Colombia, deberá adelantarse ante las autoridades colombianas (notaría o juzgado), ya que la forma en que se reparten los bienes, tiene que ver con la soberanía nacional y en ese punto el país no permite que sean autoridades extranjeras las que terminen decidiendo.

La diferencia entre la nulidad del contrato (la cual ocurre cuando al contrato le falta alguno de los requisitos que indica el art 1502 del cod civil) y la rescisión del contrato, es que la rescisión ocurre cuando los contratos cumplen los requisitos del art 1502 en mención, es decir que en principio son válidos, pero que se pueden llegar a dejar sin efectos porque van en contra de alguna otra ley o artículo, por ejemplo cuando ocurre la lesión enorme, el contrato es simulado etc.

Para efectos de la reclamación de garantías en Colombia, en el marco del Estatuto del Consumidor, se han expedido distintos decretos que regulan casos en concretos, sobre publicidad, compras virtuales etc. Entre estos destacamos especialmente el DECRETO 735 DE 2013 el cual indica en concreto el procedimiento para hacerle la reclamación directa de la garantía al vendedor.

Sobre la posibilidad de deshacer el contrato por las fallas que presente la cosa adquirida, en Colombia existen dos posturas, por un lado la que asume que se incumple plenamente el contrato cuando la cosa tiene un problema tan grave como para inutilizarlo parcialmente, ante lo cual se puede pedir que se reduzca el precio o se cambie el artículo (demandar esto tiene unos tiempos cortos para hacerlo) y la otra según la cual la inutilidad total de la cosa comprada, significa incumplimiento total del contrato (lo cual implica que se tengan unos tiempos más largos para demandar). Si consideramos este artículo 1915 del cod civil, se tiende a pensar que en Colombia rige un sistema por el cual se califica el nivel de defecto de las cosas vendidas, para así determinar si el vendedor tiene o no derecho a corregir su error arreglando la cosa o rebajando el precio.

Frente a varias consultas que nos hacen sobre la prescripción de la acción penal, es bueno indicar acerca de lo que dice este art 83 del cod penal que, en concordancia con lo que dice el art 86 del mismo cod, la prescripción se interrumpe con la audiencia de formulación de imputación y a partir de esta, empieza a correr de nuevo un tiempo de prescripción igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Cód penal (el cual no podrá ser inferior a 3 años según lo que indica el art 292 del cod de procedimiento penal). Es decir, desde la imputación inicia de nuevo el término de la prescripción, el cual no puede ser inferior a 3 años ni superior a los 10 años. Y dicho término se suspende con la sentencia de segunda instancia, desde la cual comenzará a correr de nuevo un término, sin que pueda superar este los 5 años.

La cantidad de dinero embargable de las cuentas de ahorros de la persona demandada, la determina año a año la Superintendencia Financiera, según lo que indica el art 2 del decreto 564 de 2016. Así las cosas, para este año sólo se pudo embargar lo que superó $44,614,977 en las cuentas de ahorros de la persona demandada (es decir, sumado todo lo que tenga en sus cuentas, sea una o varias). Al respecto es bueno aclarar que si la deuda es de alimentos este límite no aplica.