Nombre: ·S E NS O R· Estudio Jurídico de Colombia

Existe una línea jurisprudencial de varios años que indica cómo es un exceso que no se admita la demanda con el solo certificado de tradición, cuando la presentación de este aporta toda la información completa del predio. Es decir, no se puede solicitar un certificado especial, si el certificado de tradición normal satisface plenamente la exigencia del numeral 5 del artículo 375 del Código General del Proceso.

Si el hecho dependía de una actuación del propio deudor, este se negó a realizarlo y el cumplimiento de la condición debe ser probada para efecto de proceder, lo más adecuado es iniciar primero un proceso declarativo, solicitando que se declare el incumplimiento, el cumplimiento ficto o la responsabilidad del deudor, según el caso, junto con el cumplimiento contractual, la resolución del contrato y/o la indemnización de perjuicios. Sin embargo, debe revisarse las cláusulas del contrato: si la obligación quedó sometida exclusivamente a la mera voluntad o capricho del deudor, puede ser nula; en cambio, si dependía de un hecho voluntario externo y verificable, la obligación puede ser válida. La Corte Suprema ha diferenciado ambas situaciones y ha señalado que la condición meramente potestativa del deudor no puede utilizarse para dejar la obligación completamente al arbitrio de quien se obligó. 

Toda sanción debe estar previamente prevista en el reglamento, ser impuesta por el órgano competente y estar debidamente motivada, y demostrarse que la persona tuvo la oportunidad real de conocer los hechos que se sancionaban en esa copropiedad. La propiedad horizontal no puede imponer sanciones sorpresivas ni crear figuras como la de ?persona no grata? cuando no están contempladas legalmente, pues ello desconocería los principios de legalidad y debido proceso.

El artículo 59 debe entenderse como un límite para poder sancionar, no como una autorización para crear sanciones adicionales por medio del manual de convivencia. La Corte Constitucional ha señalado que solo pueden sancionarse conductas relacionadas directamente con la seguridad y la convivencia de la copropiedad; por ello, no basta con que una conducta aparezca escrita en el reglamento si la medida resulta irrazonable, desproporcionada o afecta asuntos estrictamente personales.

El exequátur no implica revisar nuevamente el fondo de la controversia decidida por el juez extranjero, sino verificar su compatibilidad con el ordenamiento colombiano. Por ello, se analiza es la reciprocidad diplomática o legislativa, debe acreditarse que la sentencia esté ejecutoriada y debidamente legalizada, se debe determinar que respete el orden público colombiano, que no verse sobre derechos de bienes ubicados en Colombia, que el asunto no sea de competencia exclusiva de los jueces nacionales, que no exista proceso ni sentencia previa sobre la misma materia y que se haya garantizado la debida citación y contradicción del demandado. La jurisprudencia ha sido estricta al señalar que la falta de la constancia de ejecutoria o de la copia legalizada genera el rechazo de plano de la demanda, pues no se trata de formalidades meramente accesorias, sino de requisitos indispensables para establecer que la decisión extranjera es definitiva y puede ser reconocida en Colombia.

Este artículo 597 del Código General del Proceso no consagra una facultad discrecional del juez para retirar o no las medidas cautelares, sino un régimen taxativo de motivos legales orientado a equilibrar la efectividad del proceso con la protección de los derechos del ejecutado y de terceros. En particular, su numeral 8 permite que el tercero poseedor que no estuvo presente en la diligencia de secuestro solicite, dentro de los 20 días siguientes ?o dentro de los cinco días si estuvo presente sin abogado. La jurisprudencia ha aclarado que la medida de embargo, por sí sola, no extingue ni interrumpe la posesión, razón por la cual el debate sobre la calidad de poseedor debe plantearse a través del incidente previsto en el numeral 8 del artículo 597, y no mediante vías procesales distintas. Lo determinante es acreditar la posesión material al momento de la diligencia de secuestro, sin que resulte indispensable demostrar durante cuánto tiempo se había ejercido; además, recordó que el embargo no interrumpe la posesión ni la prescripción. Esta interpretación garantiza el debido proceso del tercero, pero también exige actuar oportunamente y asumir rigurosamente la carga probatoria, pues el vencimiento de los términos o la falta de demostración de la posesión puede conducir al rechazo del incidente y a la imposición de la multa.

Cualquier disputa sobre la inclusión o exclusión de activos/pasivos, recompensas y avalúos (incluso sobre bienes sobre los cuales se tiene sólo posesión), debe resolverse mediante objeciones dentro de la audiencia de inventarios del proceso liquidatorio. Quien objeta debe probar sus afirmaciones y el juez resolverá según las pruebas, así sean sumarias. 

Cualquier disputa sobre la inclusión o exclusión de activos/pasivos, recompensas y avalúos (incluso si sobre dichos bienes únicamente se tiene posesión), debe resolverse mediante objeciones dentro de la audiencia de inventarios del proceso liquidatorio. Quien objeta debe probar sus afirmaciones y el juez resolverá según las pruebas, así sean sumarias. 

El punto central es que la moto fue inmovilizada por la autoridad y llevada a un patio autorizado, por lo que no debe tratarse simplemente como un parqueadero privado. Podrían existir responsabilidades del organismo de tránsito o el municipio, del operador del patio e incluso de la aseguradora: la autoridad siempre debe vigilar cuidar el vehículo, los parqueaderos responden por la conservación del vehículo y los elementos registrados en el inventario. Que la moto se haya perdido por incendio o vandalismo no excluye automáticamente la responsabilidad; deben revisarse las condiciones de seguridad, el contrato, el inventario, las pólizas y las circunstancias de la pérdida. //

Lo más urgente es que han pasado cinco años, por lo que toca revisar la caducidad de su derecho a demandar y las fechas exactas en que se conoció la pérdida, pues las peticiones y reclamaciones no necesariamente suspenden los términos. Deben hacer una carpeta con el comparendo, la orden de traslado, inventario, respuestas de Tránsito, parqueadero y aseguradora, denuncias e informes del incendio, y solicitar a Tránsito el contrato del patio, pólizas, inventarios, informes y actuaciones relacionadas. Si se determina que aún es viable demandar, debe realizar una conciliación prejudicial y si falla la conciliación mirar la posibilidad de demandar a los responsables.

En principio no deberían exigirle usar el uniforme un domingo si ese día es su descanso y usted no está laborando ni debe presentarse o permanecer disponible para la empresa. El uniforme puede exigirse como condición para prestar el servicio, pero la orden no debería utilizarse para imponerle trabajo gratuito o restringir injustificadamente su día de descanso. Si el domingo es un día programado de trabajo según su contrato, horario o turnos o le exigen asistir al lugar de trabajo, recibir instrucciones, atender público, hacer una actividad o permanecer disponible para la empresa, existe trabajo efectivo o tiempo a disposición del empleador, y debe reconocerse la remuneración correspondiente. Es decir, el orden no es que a ud le exijan trabaja el domingo y por el hecho de que no se lo paguen, no le puedan exigir el uniforme, el orden es que si a ud le toca trabajar un domingo, tanto ellos como ud cumplan sus obligaciones. Ud usar su uniforme y ellos pagarle.