Nombre: ·S E NS O R· Estudio Jurídico de Colombia

Los cánones de arrendamiento, precios, pensiones e intereses de capitales exigibles tienen la naturaleza jurídica de frutos civiles. Por tanto, los rendimientos económicos que produzca un inmueble perteneciente a la comunidad de persona que heredan a una persona fallecida, pueden ser considerados frutos civiles cuando exista una explotación económica del bien por uno o alguno de estas persona, sin que ello implique que constituyan un activo autónomo e independiente del inmueble que los genera.

Esto resulta relevante para diferenciar entre por un lado, el bien que dejó la persona fallecida, que debe ser relacionado en el inventario, y por el otro, los rendimientos que se produzcan después de la muerte. Los frutos civiles posteriores al fallecimiento no integran la masa sucesoral como una partida separada, pues tienen carácter accesorio respecto del bien principal.

La responsabilidad patrimonial del Estado puede nacer por una falla del servicio cuando las autoridades conocen un riesgo concreto, cierto y previsible para una persona y, pese a ello, omiten adoptar oportunamente medidas razonables, eficaces y suficientes de protección. En estos casos, para demandar debe probarse el daño padecido, la obligación que tenía el Estado de actuar, la omisión de las medidas disponibles y la relación entre dicha omisión y el daño.

Para que ocurra este delito no es necesario que haya violencia, destrucción de entradas o fuerza física. Para este delito sólo basta demostrar: (i) el ingreso a un terreno o edificación ajenos, (ii) que este sea arbitrario, es decir, sin consentimiento (sea este expreso o tácito) de la persona dueña, y (iii) el propósito de obtener un provecho ilícito. Este provecho ilícito, debe entenderse como la ausencia total de derecho para invadir. Por esto, incluso la construcción de una vía o la ocupación parcial de un predio puede implicar ese delito, aunque quien invada no pretenda apropiarse de todo el inmueble.

Es necesario distinguirlo del delito de perturbación de la posesión del artículo 264, en donde hacemos un comentario al respecto.

Cuando existen varias obligaciones entre la misma persona acreedora y deudora, la prueba de un pago no demuestra por sí sola que la obligación ejecutada haya sido extinguida. Es necesario establecer a cuál deuda exacta se imputó el desembolso. Para ello deben aplicarse, según corresponda, estos artículos 1652 a 1655 del Cód Civil. La imputación puede resultar de las instrucciones dadas al efectuar el pago, de la carta de pago, de los comprobantes de consignación, de la correspondencia entre las partes, de los registros contables, de la fecha de vencimiento de las obligaciones y de las demás circunstancias contemporáneas al desembolso. Si el pago no permite identificar su destino, no puede atribuirse automáticamente a la obligación que posteriormente se cobra en un proceso ejecutivo.

Si existen varias deudas, el pago debe imputarse inicialmente conforme a la elección efectuada por quien paga, siempre que dicha elección sea jurídicamente admisible. Si quien paga por otro no identifica la obligación, el acreedor puede realizar la imputación en la carta de pago. En ausencia de una imputación expresa de ambas partes, deberán aplicarse las reglas supletivas del artículo 1655 del Código Civil. En consecuencia, el juez debe examinar las circunstancias concretas del pago antes de concluir que el desembolso se dirigió a la obligación ejecutada.

La imputación del pago no solo debe establecer cuál obligación se satisface, sino también a qué componente de ella se aplica. Si la deuda comprende capital e intereses, el pago debe cumplir la regla de imputarse primero a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente su aplicación al capital. Por esto, el reconocimiento de un abono dentro de un proceso ejecutivo no necesariamente equivale a una reducción inmediata del capital reclamado. Esto debe especificarse

Debe distinguirse entre los efectos del pago frente al acreedor y los derechos posteriores del tercero que paga. Aunque el tercero no se subrogue automáticamente en los derechos del acreedor, el pago puede ser eficaz para extinguir la obligación frente a este. La falta de subrogación o de derecho de reembolso no convierte el pago en inexistente ni impide que el deudor alegue su efecto extintivo dentro del proceso ejecutivo. La discusión sobre si el tercero puede repetir contra el deudor es distinta de la cuestión relativa a si la obligación ejecutada fue satisfecha.

El pago puede ser realizado válidamente por una persona distinta de la persona deudora. Por tanto, el hecho de que el desembolso provenga de un tercero no impide, por sí solo, que produzca efectos extintivos frente al acreedor. Para que el pago sea reconocido dentro de un proceso ejecutivo, debe acreditarse que el tercero pagó por cuenta del deudor, que el acreedor recibió efectivamente la prestación y que el desembolso fue destinado a la obligación objeto de ejecución. Así las cosas, cuando existen varias obligaciones entre las mismas partes, no basta demostrar la entrega del dinero: también debe probarse su imputación o destino concreto.

La expresión "cualquier actuación" del literal c) del art 317 no comprende cualquier solicitud presentada en el expediente. Para interrumpir el término del desistimiento tácito, la actuación debe ser idónea, pertinente y útil para impulsar el proceso hacia su finalidad. Por ello, no producen ese efecto las solicitudes de copias, los derechos de petición intrascendentes ni los memoriales que no conduzcan a definir la controversia o a satisfacer el derecho reclamado.

Si se trata del numeral 1, debe cumplir directamente la carga procesal impuesta por el juez; una actuación distinta no reinicia el término. Si el proceso ejecutivo ya cuenta con sentencia ejecutoriada o auto que ordena seguir adelante la ejecución, solo interrumpen el plazo las actuaciones encaminadas a hacer efectivo el crédito, como la liquidación o actualización del crédito y de las costas, la práctica o efectividad de medidas cautelares, el avalúo y el remate de bienes, o cualquier gestión que conduzca realmente al pago de la obligación.

El término de dos años debe contabilizarse conforme al artículo 118 del Código General del Proceso. Al estar fijado en años, se cuenta según el calendario y no se descuentan los días de vacancia judicial ni los períodos de cierre del despacho, pues esa exclusión solo opera para términos establecidos en días.

Finalmente, el desistimiento tácito no debe aplicarse cuando la parte demuestre que estuvo objetivamente imposibilitada para cumplir su carga procesal por una circunstancia de fuerza mayor, esta debidamente valorada por el despacho.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la simulación requiere, en términos generales: (i) una declaración expresa voluntariamente distinta a la intención real de los contratantes; (ii) un acuerdo secreto entre quienes intervienen en el negocio; y (iii) el propósito de engañar a terceros mediante la creación de una apariencia jurídica. Este último elemento no implica querer o lograr defraudar a terceros, simplemente es la intención de ocultar la realidad. Es decir, no es necesario perjudicar o defraudar a alguien, para que se pueda declarar la simulación