Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Colombia sobre P Artículo 22 Colombia
Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Colombia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
Artículo 22. Condiciones y limitaciones al consentimiento de cada parte
1. Ninguna reclamación puede someterse a arbitraje conforme a esta Sección, si han transcurrido más de treinta y nueve (39) meses a partir de la fecha en que el demandante tuvo o debió haber tenido conocimiento de la violación alegada conforme a lo establecido en el artículo 20.2 (sometimiento de una Reclamación a Arbitraje) y conocimiento de que el demandante, por las reclamaciones entabladas en virtud del artículo 20.2(a) (sometimiento de una Reclamación a Arbitraje), o la empresa, por las reclamaciones entabladas en virtud del artículo 20.2 b) (sometimiento de una Reclamación a Arbitraje), sufrió pérdidas o daños.
2. Ninguna reclamación puede someterse a arbitraje conforme a esta Sección a menos que:
a) El demandante consienta por escrito someterse a arbitraje, de conformidad con los procedimientos previstos en este Acuerdo, y
b) La Notificación de Arbitraje señalada en el artículo 20.7 (Sometimiento de una Reclamación a Arbitraje) esté acompañada:
i) Para reclamaciones sometidas a arbitraje bajo el artículo 20.2 a) (Sometimiento de una Reclamación a Arbitraje), de la renuncia por escrito del demandante; y, cuando la reclamación se haga por la pérdida o daño de una participación de una empresa de la otra Parte que es una persona jurídica que el inversionista posee o controla directa o indirectamente, de la renuncia por escrito del demandante y la renuncia por escrito de la empresa,
ii) Para las reclamaciones sometidas a arbitraje en virtud del artículo 20.2 b) (sometimiento de una Reclamación a Arbitraje), de las renuncias por escrito del demandante y de la empresa,
de cualquier derecho a iniciar ante cualquier tribunal judicial o administrativo conforme a la ley de cualquier Parte, u otros procedimientos de solución de controversias, cualquier actuación respecto de cualquier medida que se alegue haber constituido una violación a las que se refiere el artículo 20 (sometimiento de una Reclamación a Arbitraje).
3. En el caso de una reclamación relativa a una medida tributaria de conformidad con el artículo 13.3 (medidas tributarias), ningún inversionista podrá invocar el artículo 11 (expropiación e indemnización) como fundamento de una reclamación cuando se haya determinado de conformidad con este párrafo que la medida no constituye una expropiación. Un inversionista que pretenda invocar el artículo 11 (expropiación e indemnización) con respecto a una medida tributaria, deberá primero someter el asunto a las autoridades competentes de las Partes[9] al momento de entregar la Notificación de Intención conforme al artículo 20 (sometimiento de una Reclamación a Arbitraje), para que dichas autoridades determinen si la medida tributaria constituye una expropiación. Las autoridades de las dos Partes deberán, en la medida de lo posible, consultarse. Si, dentro de los seis (6) meses posteriores al sometimiento del asunto a las autoridades competentes de las Partes, ellas no alcanzan un acuerdo en cuanto a que la medida no constituye, una expropiación, el inversionista podrá proseguir el procedimiento de conformidad con el artículo 20 (sometimiento de una Reclamación a Arbitraje).
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2o(b), el demandante, por reclamaciones iniciadas bajo el artículo 20.2 a) (sometimiento de una Reclamación a Arbitraje), y el demandante o la empresa, por reclamaciones iniciadas bajo el artículo 20.2 b) (sometimiento de una Reclamación a Arbitraje), pueden iniciar o continuar una medida cautelar, que no involucre el pago de daños monetarios, ante un tribunal judicial o administrativo del demandado, siempre que tal medida se interponga con el único propósito de preservar los derechos e intereses del demandante o de la empresa mientras continúe la tramitación del arbitraje[10].
5. El consentimiento y la renuncia requerida en el presente artículo se deberá hacer en el formato provisto en el Anexo E (Formatos Estándar de Renuncia y Consentimiento conforme al artículo 22), deberá ser entregada al demandado y deberá estar contenida en la Notificación de Arbitraje.
6. La renuncia de una empresa establecida en el párrafo 2o b)(i) o 2o b)(ii) no será requerida únicamente cuando se alegue que el demandado privó al demandante del control de la empresa.
7. Ninguna reclamación podrá someterse a arbitraje bajo el artículo 20.2 a) (Sometimiento de una Reclamación a Arbitraje) o 20.2 b) (sometimiento de una Reclamación a Arbitraje) si el demandante ha sometido previamente la misma violación que se alega ante un tribunal administrativo o judicial del demandado, o a cualquier otro procedimiento de solución de controversias vinculante.
8. Para mayor certeza, si el demandante elige someter una reclamación descrita bajo esta Sección a un tribunal administrativo o judicial del demandado o a cualquier otro mecanismo de solución de controversias de carácter vinculante, esa elección será definitiva y el demandante no podrá someter la misma reclamación bajo esta Sección.
9. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones previas descritas en los párrafos 1o al 8o, anulará el consentimiento dado por las Partes en el artículo 21 (consentimiento de Cada Parte a Arbitraje).
Colombia Art. 22 Se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Colombia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho y firmado en Lima, el 11 de diciembre de 2007 Ley 1342 de 2009
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Norman Agudelo
Abogado Jesús Crúz Olivella
Este art 775 del Cód Civil no establece una forma especial de interrumpir la tenencia. Cuando varias personas tienen igual derecho sobre el bien, la mera tenencia no se transforma en posesión por el paso del tiempo ni por actos ambiguos de uno de ellos; quien pretenda convertirse en poseedor debe demostrar un desconocimiento público, claro, inequívoco y excluyente del derecho ajeno, acompañado de actos posesorios en nombre propio.
Si se trata de copropietarios o comuneros, aplica el artículo 2525. La interrupción debe corresponder a una verdadera afectación de la posesión o del término prescriptivo; no basta cualquier actuación relacionada con el inmueble.
Este delito de perturbación de la posesión, a diferencia del delito de invasión del artículo 263, si exige violencia sobre personas o cosas. (la invasión puede configurarse mediante un ingreso abusivo y no violento). Este delito es un delito de ejecución permanente, es decir, que no tiene un momento en que termina mientras continúe la ocupación arbitraria, o sea, no se comete el día en que se ingresó al inmueble, sino que se sigue cometiendo durante el tiempo mientras siga la persona dentro del inmueble. Este delito se comete con la incursión de la persona al inmueble, aunque la persona no logre permanecer en el inmueble o alcanzar efectivamente el provecho buscado; lo decisivo es que actúe dolosamente, con conocimiento de que el bien es ajeno y voluntad de obtener un beneficio ilícito.
Cómo se interrumpe la mera tenencia cuando existen varios con igual derecho
En los procesos de impugnación de la paternidad, el juzgado debe vincular al presunto padre biológico cuando sea posible, con el propósito de que la verdadera relación pueda definirse de una vez dentro del mismo proceso. Esta medida evita que, después de eliminar un registro, el niño o niña quede sin una persona que sea reconocida como su progenitor.
La prueba de ADN cumple una función muy importante, pero la sola afirmación de ser el padre biológico no basta para eliminar automáticamente la filiación vigente inscrita en el registro civil de nacimiento. El padre interesado en el examen de ADN debe aportar elementos que permitan dudar que entre él y el niño existe un vínculo biológico; una vez demostrado que no se trata simplemente de un tercero que pretende cuestionar la filiación del niño/a con su padre inscrito en su registro civil, sino que puede ser realmente el verdadero padre que reclama su propio estado civil, la demanda queda amparada por el artículo 406 de este mismo código.
El término de 140 días no se aplica indistintamente a toda persona que pretenda discutir una paternidad/maternidad. Este término se refiere principalmente al cónyuge o compañero/a permanente y a la madre que buscan alegar en contra de la paternidad que se presume por ley, mientras que este artículo 217 permite al hijo impugnar en cualquier tiempo e implica la intervención del presunto padre o madre biológicos en la prueba de ADN. Por ello, es necesario identificar primero la calidad con la que actúa la persona demandante antes de establecer si está sometido al término de caducidad de 140 días.
El padre que aparece formalmente como progenitor y pretende demostrar que no es el padre biológico sí puede estar sometido al término de 140 días, contado desde que tiene certeza de que no es el padre biológico. En cambio, quien dice ser el verdadero padre y demanda la paternidad junto con la impugnación de la relación con el supuesto padre no biológico, ejerce la acción especial del artículo 406. Confundir ambas posiciones legales llevaría a aplicar al padre biológico una limitación temporal prevista sólo para el padre presunto.
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