Nombre: ABOGADOS COLOMBIA Universidad Nacional

La investigación de la paternidad es un proceso adelantado cuando alguien no es reconocido voluntariamente por sus progenitores. Esta demanda puede instaurarse en cualquier momento, la pueden instaurar los menores de edad por medio de su representante legal, los hijos mayores de edad, la persona que ha cuidado de la crianza o educación de un menor y el propio Estado a través del ICBF, la defensoría del pueblo o los personeros municipales. Si ya ha fallecido el hijo, la demanda la pueden interponer sus descendientes o sus ascendientes (es decir los hijos o los padres de la persona fallecida de quien se desea saber si es hijo o no de alguien más). A este artículo lo complementa la Ley 75 de 1968 en los apartes que no hayan sido aún derogados.

Sobre la privación o suspensión de la patria potestad, recordemos que ni siquiera el incumplimiento injustificado de los deberes de padre o madre, implica poder privar al padre o madre incumplido de la patria potestad que ejerce sobre su hijo. Para poder hacer esto, se requiere que el abandono sea total y que obedezca a su propio querer y que esto sea declarado por una autoridad. Es decir, sólo puede ser suspendida, restringida o privada por un juzgado de familia en casos de maltrato, abandono o cuando los padres incumplen sus deberes gravemente y de manera voluntaria. // Mientras no se indique mediante decisión de autoridad que se limita la patria potestad, el padre o madre, así deba alimentos, puede ejercer la representación legal de sus hijos, puede ejecutar la administración de sus bienes y tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre su educación, salud y crianza. // No puede un padre o madre limitar estos derechos unilateralmente, frente a un padre o madre que deba alimentos. Esto debe ser analizado por una autoridad, en pro del bienestar del propio niño o niña, aunque nos encontremos ante un padre o madre que no paga alimentos.

Con el patrimonio de familia se busca proteger el patrimonio de la familia que habita el inmueble, es decir el que habita la pareja y los hijos de esa pareja. Los hijos extramatrimoniales se entiende entonces no hacen parte del núcleo familiar que habita el inmueble. Bajo esta generalidad, por lo pronto ninguna jurisprudencia indica que esta figura proteja a los hijos extramatrimoniales. Por su parte la afectación a vivienda familiar, que es una figura distinta, involucra únicamente al dueño y su cónyuge y en esta medida, es un poco menos polémica que la figura del patrimonio de familia, al momento de decidir proteger el inmueble que se destina para el hogar.

El último párrafo de este artículo 1204 del cod de comercio significa que sobre los bienes muebles (vehículos, maquinaria etc) no se pueden registrar varias prendas, es decir, no se pueden garantizar varias deudas con distintos acreedores. Lo que se puede hacer es pactar que entre el propietario y un único acreedor, se garantizan varias deudas con el mismo bien. Es decir, no se le pueden garantizar deudas a distintas personas con el mismo bien mueble. Contrario a lo que si se puede hacer con un inmueble (casa, finca etc), sobre el cual si pueden recaer varias hipotecas, por ejemplo.

Es bueno recordar los indicios que ha señalado la Corte Suprema de Justicia, son útiles para saber si nos encontramos ante una empresa de simple intermediación o ante una empresa empleadora disfrazada: - Que la contratación que realiza la intermediaria sirve para prestar servicios y actividades misionales permanentes de la empresa -que los trabajadores asociados a través de cooperativa, atiendan las órdenes directas de la empresa o de sus delegados, supervisores etc. -que la cooperativa de trabajo no tenga una estructura física, jurídica, económica etc propia, que sea autónoma. -Que la empresa tenga injerencia en las decisiones internas de la cooperativa, como la selección o administración del personal.

Es bueno recordar que por ley se le deben dar alimentos a toda persona mayor de edad que los necesite, a menos que esta persona haya cometido delitos contra quien deba dárselos. Esto es pertinente en casos en los que las madres o los padres maltratadores o que cometieron el delito de inasistencia alimentaria, tras los años, demandan a sus hijos para que les brinden alimentos.

Es indispensable crear la figura de animales domésticos de compañía, los cuales serían inembargables al hacer parte del núcleo familiar del ser humano y con los que se crea un vínculo sentimental y así prohibir que se imponga como medida cautelar el embargo sobre estos seres vivos.

Haciendo una analogía a partir de lo que ha indicado la Superintendencia financiera sobre los inmuebles en los que funcionan los cajeros, se puede plantear que la protección indicada acá se extiende a todo tipo de establecimientos de comercio y no únicamente al local comercial. Así las cosas, inmuebles arrendados para oficinas, bodegas, fábricas, plantas, antenas y en general cualquier inmueble que se arriende para que funcione una parte de una empresa o negocio, se debe aplicar el art 518 al 524 de cod de comercio. Lo contrario implicaría generar incertidumbre en el ámbito comercial, que es lo que estos artículos quieren evitar.

Un comunero, en principio, no puede pedirle al otro comunero que ha estado ocupando el bien, le pague los frutos (arriendo generalmente) que habría podido llegar a percibir el bien. Lo que un comunero le puede pedir al otro comunero, es que le pague lo que le corresponde de los frutos efectivamente percibidos. Es decir, entre comuneros, no se pueden cobrar frutos que pudieron haber llegado a percibirse. Lo que se puede cobrar, es lo que percibió realmente y que no se compartió con el otro comunero. Por eso es importante demostrar que el otro comunero percibió frutos y no los compartió, no simplemente afirmarlo sin pruebas.

En los procesos de determinación de la maternidad o paternidad, el costo del examen de ADN puede llegar a pagarlo el Estado y no la persona que pone la demanda, si a esta se le ha concedido el amparo de pobreza (ver Cód General del Proceso Art 151). Y si tras el examen, se determina que la persona demandada sí era el padre o la madre, se le podrá obligar a esta a pagar los gastos en que incurrió el Estado con el examen. Esto último igualmente, queda supeditado a que se determine si la persona demandada tiene la capacidad de pagar el examen que se le hizo, ante lo cual deberá demostrar su incapacidad para pagar si así lo considera.